Presupuesto: gobernadores esperan que la mayor regulación para transferencias no implique obstáculos a su desempeño
Si bien valoran que se suba la vara para evitar escándalos como el caso Convenios, las autoridades consideran equivocado que se disminuyan sus facultades, ya que -afirman- “atenta contra el proceso de descentralización”.
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La Asociación de Gobernadores de Chile está expectante a la espera de conocer los cambios que incluirá la ley de Presupuestos 2024, en lo relativo a nuevas exigencias y requisitos para traspasos de fondos públicos a entidades públicas y privadas. Todo esto en el marco del caso Convenios.
Si bien las autoridades valoran que se tomen medidas ante los casos de corrupción detectados, también advierten que esto no debe implicar un retroceso en la descentralización o transformarse en un obstáculo para su desempeño.
En Antofagasta, la semana pasada el Gobierno Regional (GORE) decidió terminar el convenio con la Fundación ProCultura y solicitó la devolución de aproximadamente $ 373 millones. Este ha sido uno de los convenios cuestionados e investigados por Contraloría y el Ministerio Público.
Hacienda ha adelantado que en el Presupuesto se revisará todo el marco de las transferencias realizadas a organismos privados sin fines de lucro, tanto de ministerios y servicios como de Gores.
En este marco, el gobernador de dicha zona y presidente de la asociación, Ricardo Díaz, dice que es partidario de mayor transparencia, pero precisa que “establecer reglas generales sobre las transferencias sin entender el funcionamiento de los Gores es algo que podría obstaculizar el desempeño de la ejecución presupuestaria de los distintos gobiernos regionales”.
Díaz pone el acento en las transferencias hacia organizaciones sociales, indicando que “es muy difícil que una junta de vecinos pueda recibir estos fondos parcializados y establecer mecanismos de garantías para la adjudicación de esos fondos”. Y detalla que “hay algunas transferencias que terminan en donaciones, como las que se hacen a Teletón y Bomberos, donde no es posible establecer procesos licitatorios. Y con todas las reglamentaciones que se están poniendo, hacen dificultoso poder trabajar con estas dos instituciones”.
La gobernadora del Maule, Cristina Bravo, indica que más que las restricciones o los controles que se proponen -que a su juicio “siempre es bueno que existan”-, lo que critica es que se disminuyan las facultades de los gobernadores. “Eso atenta con el proceso de descentralización”.
Explica que el foco debe centrarse en “cómo llegamos oportunamente a cubrir las necesidades que tenemos en el territorio”, para lo cual propone avanzar en materia de autonomía financiera, e iniciar procesos de discusión de cómo acelerar los distintos trámites administrativos necesarios para concretar la llegada de los recursos, a las comunidades, organizaciones y territorios beneficiados.
El gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, espera que en el Congreso no exista intención de retroceder en los avances en descentralización. “Nadie está en contra de un mayor control y rendición de cuentas; que la ley de Presupuestos 2023 haya mejorado en las transferencias a instituciones públicas para ejecutar programas de más de un año es un avance que se debe profundizar”.
Sostiene que “no hay que quedarse solo en las instituciones que no han hecho bien su tarea, porque hay muchas otras que lo hacen bien y eso es lo que hay que resguardar”.
En Los Lagos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra los directivos de la Corporación Kimün, por fraude al Fisco, entidad que recibió cerca de $ 1.200 millones por un programa para regularizar la tenencia de propiedad de agricultores, sin embargo, el contrato se terminó por adelantado, luego que se conocieran una serie de irregularidades.
Coyuntura política
El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, plantea que “aún existe una gran brecha en descentralización política, administrativa; y en especial financiera. Espero que no exista aprovechamiento político para retroceder lo avanzado utilizando casos puntuales que deben ser resueltos”.
La autoridad dice esperar que el “afán histórico centralista y de control metropolitano” no ponga en jaque la descentralización.
“Cuando ocurren los desfalcos en Carabineros, nadie propuso crear policías regionales o comunales como solución; o cuando se produjo la colusión del confort, nadie propuso que el Estado produjera el papel higiénico. Ahora es llamativo que ante el caso que parte en el Serviu de Antofagasta aparezcan voces solicitando restricciones a los territorios, haciendo pagar a los muchos por unos pocos”, fundamenta.
El gobernador cree que existe la oportunidad de legislar vía la Ley de Presupuesto y la ley de Regiones Más Fuertes para profundizar la descentralización: “Pero no para retroceder. Hace tiempo las regiones tienen amplias condiciones para decidir nuestro desarrollo”.